Responsabilidad patrimonial del estado por los actos del legislador

Más de un siglo antes de que Luís XVI ascendiera al trono en 1.774, el Estado Francés había sufrido periódicas crisis económicas como consecuencia de las largas guerras emprendidas durante el reinado de Luís XIV, la mala administración de los asuntos nacionales en el reinado de Luís XV y el aumento de la deuda generada a raíz de los préstamos a las colonias británicas de Norteamérica durante la guerra de independencia estadounidense.137 p.Contenido parcial: Modelos que gozan de un control de constitucionalidad de las leyes -- Modelos que no gozan de un control de constitucionalidad de las leyes -- La responsabilidad patrimonial del estado colombiano antes de la constitución de 1991 -- Criterios utilizados para imputar responsabilidad al estado colombiano -- Eventos en los cuales el estado puede resultar responsable patrimonialmente por los actos del legislador

Afectación en la eficiencia de la prestación del servicio de energía eléctrica por la decisión de la sentencia T-445 de 2016

Artículo de investigaciónLos servicios públicos en Colombia fueron consagrados en la constitución de 1991 como inherentes a la finalidad social del estado, por lo cual es deber del estado garantizar su prestación a todos los habitantes del territorio, entre estos servicios públicos se encuentran los domiciliarios que hayan su régimen en la Ley 142 de 1994 la cual define las reglas en materia de prestación de dichos servicios entre los cuales se encuentra el servicio público domiciliario de energía eléctrica que ha ido avanzando de manera progresiva en cuanto a la cobertura y la calidad de la prestación del mismo debido en gran manera a la inversión de infraestructura realizada por las empresas privadas que se dedican a prestar este servicio en el país, sin embargo, la Sentencia T-445 de 2016 expedida por la Corte Constitucional representa una amenaza seria en cuanto a la eficiencia en la prestación de este servicio, ya que sin realizar una análisis amplio sobre el tema se decidió incluir a los proyectos energéticos como la construcción de hidroeléctricas en aquellos que deben cumplir con el requisito de consulta previa a la comunidad donde se desarrollara el proyecto, lo que hasta la fecha ha dado como resultado un freno a los proyectos eléctricos.29 p.INTRODUCCIÓN 1.OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA 3. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA T-445 DE 2016 CONCLUSIONES REFERENCIASPregradoAbogad

La indeterminación de la noción de acto terrorista

En Colombia, la Academia no le ha dado la suficiente importancia al tema del terrorismo, sabiendo de antemano que la definición normativa no es todavía muy clara y que la lucha por detener ese flagelo es deplorable: los resultados son precarios y las herramientas para hacerle frente son claramente insuficientes. Para una mejor protección de la población civil en nuestro país, será necesario avanzar cada vez más en elaboración de una adecuada definición sobre terrorismo, la cual deberá tener en cuenta la importante diferencia entre terrorismo criminal y político. No se puede olvidar que aparte de la necesaria indemnización de las víctimas, surge un necesario juicio de responsabilidades que pueden llevar a los autores de terrorismo político a un juicio penal por la violación del derecho internacional humanitario. Aparte de la responsabilidad que se les puede atribuir por el daño ecológico puro, causado por actos terroristas, contra la torres de energía, los oleoductos y las embarcaciones o naves aéreas. Otro muy distinto es el juicio penal que se le puede seguir a los autores de actos terroristas de tipo crimina

Función de policía administrativa del estado colombiano frente a la vigilancia y control de medicamentos biotecnológicos

La presente investigación busca establecer la función de policía administrativa que debe cumplir el Estado colombiano frente a la vigilancia y control de medicamentos biotecnológicos, entendiendo la expresión función de policía administrativacomo una institución que propende por prevenir, mantener y garantizar la salubridad pública, dictando las normas que sean necesarias para regular la importación, fabricación y comercialización de medicamentos biotecnológicos, también como gestión administrativa que autoriza o prohíbe a los fabricantes e importadores la comercialización de estos productos, y desde la noción de encarnar en sí misma la posibilidad de ejercer materialmente del uso de la fuerza y la ejecución del poder de policía en caso de ser necesario, imponiendo medidas de seguridad o sanciones a quienes infrinjan las normas sanitarias. También se hace un análisis de las diferentes normas, entidades e instituciones que regulan la vigilancia y control de medicamentos en Colombia, para finalmente estudiar el actual proyecto de decreto que se encuentra en discusión y que buscará reglamentar los medicamentos biotecnológicos de acuerdo con los estándares internacionales ordenados por la Ley 1438 de 2011

Aplicabilidad de la carga dinámica de la prueba en el régimen de responsabilidad subjetiva del Estado colombiano

Artículo de investigaciónLa presente investigación jurídica, realizada por medio del método de investigación dogmática y hermenéutica tiene como objetivo fundamental identificar la forma por medio de la cual los operadores judiciales han aplicado la carga dinámica de la prueba en la determinación del daño antijurídico y en la imputación jurídica del régimen de responsabilidad subjetiva del Estado colombiano. Para esto, se examinan de forma deductiva, sistemática e integral los elementos doctrinales recolectados en la fase aporética de la investigación y, se analizan diversos fallos proferidos por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado al respecto que han sido determinantes en la aplicabilidad de la teoría del derecho probatorio denominada carga dinámica de la prueba – donde el juez u operador judicial en uso de sus facultades discrecionales y, de acuerdo al orden jurídico interno decide invertir la carga de probar los hechos que se alegan entre los sujetos o partes procesales, adquiriendo de esta forma el mandato u obligación de probar aquella persona que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo – en el régimen de responsabilidad del Estado colombiano.41 p.RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCIÓN 1. Análisis dogmático de la Responsabilidad Estatal como un elemento del derecho público 2. La prueba en el título de imputación subjetivo de falla en la prestación del servicio CONCLUSIONES. REFERENCIASPregradoAbogad

La teoría del servicio público y su aplicación real en materia de acueducto durante la década de los treinta

En la década de los treinta, la noción de servicio público se encuentra en el centro de una construcción jurídica sistemática del Estado; su organización tuvo como precursor a León Duguit, cuya recepción en Colombia fue de cierto impacto en la política estatal interna en la primera mitad del siglo XX. A partir de lo anterior, este escrito se propone analizar si, en la realidad de la actividad estatal y los servicios públicos en el período 1930-1940, se vieron reflejadas las ideas importadas de la escuela francesa o si, por el contrario, el influjo del que se habla fue meramente enunciativo y se quedó en la simplediscusión dogmática legal y constitucional. Este ejercicio de validación para el caso de Bogotá permite mostrar la noción de servicio público en acción, esto es,cumpliendo el objetivo de realización de la función social del Estado. Para cumplir con el objetivo propuesto, se estudian dos asuntos en la prestación del servicio público de acueducto: primero, es importante evidenciar en los antecedentes y texto definitivo de la Ley 65 de 1936 (República de Colombia, 1936A) que probablemente estuvieron influenciados por la tendencia doctrinal que se viene comentando; y segundo, que algo semejante ocurrió en la prestación del servicio público en la ciudad de Bogotá para el período 1930-1940

Protección penal de los derechos a la libertad de empresa, libre competencia y los derechos de los consumidores en el mercado de Gas Licuado de Petróleo

Artículo de ReflexiónEl desarrollo de la Constitución Política de Colombia de 1991 evidenció la importancia de contemplar las relaciones económicas y sociales. Así entonces, en Colombia se implementó desde la expedición de la carta política un sistema económico de economía social de mercado. Ahora bien, en virtud de lo anterior el estado tiene la obligación y la necesidad de intervenir en la economía, en cumplimiento de las asignaciones consagradas por nuestra Constitución Política, con el fin de proteger la libertad de empresa, la libre competencia y los derechos de los consumidores, usando el derecho penal como instrumento para sancionar las conductas que vulneran el bien jurídico del orden económico y social en el caso concreto de la distribución y comercialización de Gas Licuado de Petróleo, teniendo en cuenta que es un servicio público domiciliario que atiende necesidades básicas de todos los individuos. El presente artículo, desarrolla un análisis de los tipos penales que ha creado el legislador colombiano para la protección de la libre empresa y la libre competencia, desde el panorama de las conductas desplegadas por las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de Gas Licuado de Petróleo en las actividades de distribución y comercialización minorista.Introducción 1. Economía de mercado en Colombia 2. Regulación del servicio público domiciliario de Gas Licuado de Petróleo 3. Delitos contra el orden económico y social en el caso de la prestación del servicio público domiciliario de GLP Conclusiones ReferenciasPregradoAbogad

Regulación del gas licuado de petróleo y su presunta incidencia en la restricción de la competencia del mercado en Colombia

Artículo de investigaciónEste artículo de investigación presenta un análisis de la medida regulatoria de capacidad de compra emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el mercado de Gas Licuado de Petróleo en Colombia, y como su aplicación presuntamente podría afectar la libre competencia.Introducción. 1. Economía social de mercado en Colombia. 2.Regulación de la comercialización del servicio público domiciliario de Gas licuado de petróleo. 3. Capacidad de compra Resolución CREG 063 de 2016. Conclusiones. Referencias.PregradoAbogad

El derecho del consumo y la mercantilidad en Colombia

29 p.This chapter analyzes the concept of trade law and the activities that have traditionally been considered commercial facing to the consumer’s law. The concept of trade law is examined since its birth in the Middle Ages, then the constitutionalization of private law is described to demonstrate that from this has emerged the consumer’s law. Finally, the classification of consumption acts is proposed.Este capítulo analiza el concepto de derecho comercial y las actividades que tradicionalmente se consideran mercantiles frente al derecho del consumidor. Se examina el concepto de derecho comercial desde su nacimiento en la Edad Media, a continuación se describe la constitucionalización del derecho privado para demostrar que de ella surgió el derecho del consumo. Por último, se propone la clasificación de los actos de consumoIntroducción De la noción de derecho comercial y de su aplicación al acto mixto de comercio El derecho del consumo Efectos del derecho del consumo en la mercantilidad Actos absolutamente comerciales Actos relativamente de consumo Actos accesorios de consumo Actos mixtos de comercio Conclusiones Bibliografí

Falacia de las cláusulas exorbitantes en la contratación estatal

El concepto de cláusula exorbitante ha sido un criterio primordial para identificar los contratos administrativos o estatales, tanto en el derecho colombiano como en el derecho francés; pero es pertinente afirmar que, de acuerdo con la consagración que hace el estatuto contractual, la noción de cláusula exorbitante o excepcional no existe en nuestro ordenamiento, sino que, por el contrario, la Administración está dotada de prerrogativas que hace valer frente a los administrados, dentro del procedimiento administrativo de contratación. En las anteriores circunstancias es viable decir que el criterio comúnmente aceptado de cláusula exorbitante es una falacia en nuestro sistema jurídico